martilloLa ley aprobada por el Congreso de la Nación referente a las medidas cautelares, produce el efecto final  de prohibir las medidas cautelares contra el Estado Nacional y sus entes descentralizadas, a la vez que otorga garantías y facilidades para su obtención a favor del Estado contra los particulares, colocando a los ciudadanos y habitantes del país en un estado de desprotección frente a eventuales avasallamientos por parte de las autoridades nacionales: allí donde exista la violación de un derecho esencial, no habrá ya un remedio judicial idóneo que ponga fin a la afrenta.

Una medida cautelar, dicho en términos simples,  es una decisión judicial urgente que adopta un Juez –estando aún el proceso en trámite, o recién iniciado éste o aún sin que se diere inicio- destinada a proteger una situación que no admite demoras: sea para para proteger el resultado del proceso judicial, o para garantizar la protección de un derecho que, de demorarse la protección (a la espera de la tramitación de un proceso ordinario), se produciría un daño irreversible o de muy dificultosa reparación ulterior.

Las medidas cautelares responden al principio esencial y básico de tutela judicial efectiva, ante aquellos supuestos donde, una respuesta tardía implicaría la violación irreparable del derecho; por lo cual el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar una respuesta oportuna y rápida. Esta obligación, ha sido fundada en el mismo preámbulo de la Constitución Nacional (afianzar la justicia), en el art.  18 CN (garantía de acceso a la justicia y al debido proceso legal),  en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 8 en cuanto prescribe que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial … para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter … y el art. 25 que establece: “1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces … que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales … 2- Los estados partes se comprometen a desarrollar las posibilidades de recurso judicial…” El art. 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el  art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el art. 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos contienen normas similares.

A través de las medidas cautelares que hoy se prohíben para los particulares frente al Estado Nacional, es que se podía efectivizar y hacer cumplir dentro del Estado Nacional el compromiso asumido por la República Argentina ante las naciones del mundo. Estos pactos internacionales –compromiso asumido por el Estado Argentino, y que poseen jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22), son hoy desconocidos en los hechos.

La nueva ley aprobada establece un conjunto de limitaciones para la emisión y dictado de medidas cautelares contra el Estado Nacional, sea contra vías de hecho o contra actos jurídicos (Disposiciones, Resoluciones, Decretos, Leyes), las que en su conjunto, constituyen en definitiva vallas infranqueables a la hora de dictar una medida cautelar, que las tornaran un hecho inusual en el mundo real, transformándolas en hipótesis de laboratorio, lo que afectará la posibilidad de los ciudadanos de obtener una tutela efectiva de sus derechos.

Esto, implica la concesión de poderes extraordinarios a los funcionarios del Estado, quienes, por el conjunto de limitaciones impuestas al ciudadano para acudir a la Justicia, se encuentran hoy de facto con la posibilidad real y concreta de emitir actos jurídicos violatorios de derechos esenciales de los ciudadanos, sin que éstos tengan la posibilidad real y concreta de obtener una pronta solución, y el acudir a la justicia se tornará inútil. Es decir, se coloca a los ciudadanos bajo la voluntad y merced de la autoridad política de turno.

Vale aquí mencionar el art. 29 de la Constitución Nacional: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional, ni las legislaturas provinciales a los gobernantes de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formules, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”:

De forma elíptica pero inequívoca, el Congreso Nacional ha otorgado a las autoridades del Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias pues, ante un avasallamiento de derechos esenciales de los particulares, por más que se trate de una violación evidente de derechos esenciales, no existirá un remedio útil y eficaz para evitar el daño.

Existen casos donde la respuesta judicial tardía –luego de un amplio proceso de conocimiento, torna injusta cualquier solución, pues el daño ya se habrá perfeccionado de manera irrecuperable.

Un ejemplo por todos conocido: el reconocimiento del haber jubilatorio digno y actualizado postergado en su pago por diez años, no será nunca una sentencia justa, los jubilados deben alimentarse y atender sus necesidades con dignidad hoy, y las necesidades y frustraciones que hoy les provoque el injusto obrar del Estado, no podrá ser mañana satisfecho. No solo existe más de un caso, sino que por seguro miles de casos, donde el actor ha fallecido antes de que se le reconozcan sus derechos. Una expropiación sin fin real de utilidad pública, la intervención a un medio de prensa, la revocación unilateral de actos jurídicos firmes, la modificación inconstitucional de leyes impositivas, electorales, económicas, quedarán expuestos a la voluntad del gobierno de turno, sin control inmediato, con la sola posibilidad de acceso a una sentencia diferida en años, a dictarse cuando ya un mandato presidencial se hubiere cumplido todo, y quizá su renovación también.

Pretendiendo defender la ley, se ha sostenido que las limitaciones no son aplicables cuando están en juego ciertos derechos esenciales. Si bien la ley aprobada prevé que las limitaciones a las medidas cautelares no se aplicarán para aquellos casos en que se encuentren en juego la salud, la vida digna y cuestiones alimentarias, posteriormente se limita toda medida cautelar a que no se vean afectados los recursos del Estado, y allí,  lo esencial y definitorio de la limitación de la protección cautelar: no existe prácticamente ninguna medida cautelar que no repercuta de una u otra forma en la disposición de los recursos del estado.

El artículo 9 de la ley aprobada es claro y terminante:

Art. 9: Afectación de los recursos y bienes del estado.

Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.”

Las restantes disposiciones, solo constituirán vallas anteriores o circunstanciales, las cuales, de llegar a superarlas, caerían en todos los casos en esta limitación, pues qué no afecta u obstaculiza “de cualquier forma” los “bienes o recursos propios del Estado”.

Solo quedará para los juristas analizar la trascendencia o significación teórica de los restantes artículos pero, para los ciudadanos, el efecto es la imposibilidad de acceso a la tutela jurídica efectiva y a una decisión rápida y eficaz que proteja sus derechos frente al Estado. Cualquier violación o exceso de Poder Ejecutivo Nacional, sea cual fuere su trascendencia, será de imposible reparación inmediata, debiendo aguardarse un largo proceso judicial.

Y no es que se desentienda la Sra. Presidente de la excesiva extensión temporal de los procesos: como solución, impone otra valla más: crea los tribunales de Casación, como una instancia entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alargando aún más el proceso judicial.

Los jueces que integrarán estas Cámaras, serán designados de conformidad a la ley que rige la materia, previéndose que hasta tanto ello ocurra, podrá designarse a Jueces Subrogantes, es decir, en términos claros, seleccionados discrecionalmente o en el mejor de los casos, sin merituar su idoneidad para el desempeño del cargo. Cierra de tal suerte el paquere de medidas que impedirá que pueda prosperar cualquier medida judicial cautelar contra el Estado Nacional, y quede así garantizada la efectividad inmediata de una ilegalidad evidente del Estado, sin que nadie pueda actuar en contra de modo oportuno. Por si ello llegara a ocurrir, si acaso algún Juez tuviere la valentía de Decretarla de todas formas, se estableció un último remedio: la apelación que interponga el Estado –aun sin que sea tratada por la Cámara de Apelaciones- suspenderá la decisión Judicial. Con ello, y con solo presentar un simple papel al Juzgado, quedará sin efecto la tutela efectiva otorgada por el Juez.

Esta, es la batería de medidas con la que el Poder Ejecutivo Nacional intenta proteger las inmediatas decisiones futuras que adoptará, ya conociendo de antemano que estarán reñidas con la constitución y que no resistirían el análisis judicial. De otra forma, no se explicaría toda esta exposición, esfuerzo, descrédito ganado, y fractura de la sociedad.

Dr. Javier Stoessel

Miembro de la Asociación de Abogados de Río Gallegos