La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos manifiesta su honda preocupación ante la condena impuesta al Gremio Judicial por el Juez Lerena, ante la demanda “autosatisfactiva” interpuesta por la Camarista Dra. Renée Fernández. Eleva asimismo para su conocimiento a los medios, ante la FACA, T.S.J. y demás organismos de Derechos Humanos su más enérgica crítica.

Lo hace enérgicamente en defensa del legítimo derecho a la protesta, en este caso llevada a cabo por dicho gremio, y porque dicho fallo es arbitrario y claramente vulnera el derecho a reclamar, tan elemental y básico en una democracia participativa.

Resulta además irrisorio y enervante que un Juez le pida a otro su intervención para darle razón, como si tratara de un acuerdo corporativo entre pares. Desconociendo además –lo que un Juez, se supone debería tener presente-, que las medidas autosatisfactivas (como la articulada por la Dra. Fernández) lo son para proteger a los ciudadanos frente al poder estatal, y no para proteger a sus funcionarios de la opinión pública.

También deberían tener presente tales funcionarios judiciales que lo son y en tanto están expuestos a la crítica pública.

Lejos de someterse a esta vital crítica ciudadana desde la magistratura, estos jueces se presentan ante la sociedad como perseguidores de quienes la manifiestan, en este caso un gremio, es decir los sectores generalmente afectados por decisiones y medidas de los órganos estatales, desconociendo así derechos de raigambre constitucional, que deberían proteger.