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Comunicado

La AARG ha tomado conocimiento del documento emanado del TSJ a fecha 08/Sept/2020 en el cual aclara la Nota de fecha 02/Sept/2020 suscrita por la Dra. Paula Ludueña.

Dicha aclaración manifiesta que “…el sentido que pretendió dársele al auto del 2 de Septiembre fue…poner en conocimiento de todas las dependencias judiciales la nota enviada por las autoridades del Hospital Regional Río Gallegos, y solicitar que aquellas arbitren las medidas necesarias a efectos de no recargar al citado nosocomio con requerimientos de carácter NO urgentes”.

Atento el tenor de la nota referida esta AARG considera que es preciso resaltar nuestra posición al respecto.

Estamos conscientes que la ciudad está atravesando un momento difícil a nivel sanitario por causa del brote epidemiológico, y pretendemos ser absolutamente respetuosos de las decisiones que impartan las autoridades competentes; pero también tenemos en claro que ello de ninguna manera excluye a los protocolos de funcionamiento de un nosocomio del ámbito de control jurisdiccional cuando pretendan transgredir derechos constitucionales como los que están en juego, pues justamente es en estos momentos cuando los bienes jurídicos protegidos de la vida, la salud y la integridad física -que son derechos humanos de primer orden- se encuentran particularmente vulnerables, y por ende deben ser celosamente garantizados por los tres poderes del Estado, en especial por el Poder Judicial que es el que debe tener el control jurisdiccional de los actos del Estado.

Los protocolos de funcionamiento del Hospital Regional Río Gallegos no se encuentran ajenos al control jurisdiccional, y es deber de los jueces entender en relación a los mismos cuando los ciudadanos requieren su intervención. Este derecho de peticionar ante las autoridades y el derecho a litigar como parte del derecho a la tutela judicial efectiva –      garantizados por la Constitución Nacional en sus artículos 14, 18 y 33, y por la Constitución Provincial en su Artículo 3 y 6-, no distinguen materia en cuanto al objeto de la petición.

El Tribunal Superior de Justicia es el órgano revisor de última instancia que debe entender en las causas que eventualmente se interpongan por denegación de prestación médica asistencial, por lo cual consideramos que debiera abstenerse de emitir instrucciones que puedan ser condicionantes para los magistrados inferiores.

El Artículo 17 de la Constitución Provincial dice “ Toda ley, decreto u orden contrarios a los principios, derechos o garantías que esta Constitución consagra, no podrán ser aplicados por los jueces. Todo individuo que por tales leyes, derechos u órdenes sea lesionado en sus derechos, tiene acción civil para pedir indemnización por los perjuicios que se le hayan causado, contra el empleado, funcionario o mandatario que los hubiera dictado, autorizado o ejecutado”.

Es por ello que los jueces de Ira. Instancia deberán realizar su trabajo prestando “…amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y ésta, y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, arbitrará a ese efecto trámites breves” –Art.15 Constitución Provincial-, pues ellos son los protagonistas primarios de las decisiones respecto de las causas que los ciudadanos eventualmente interpongan ante la Justicia para su control, y tales decisiones deben ser tomadas con absoluta libertad, sin intromisión ni sugerencia alguna, con total apego a la ley, y sujeto a un criterio dentro del marco de legalidad que exigen las leyes de la Nación.

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