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Comunicado

La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos manifiesta su rechazo a la propuesta realizada por la Sra. Gobernadora para que el Dr. Fernando Basanta integre el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.
De conformidad al artículo 127 inc. 3) de la Constitución Provincial, para ser vocal del TSJ se debe acreditar: “… 3) Ser abogado con seis años de ejercicio en la profesión o de funciones judiciales. Los requisitos para los Jueces inferiores y demás funcionarios se fijarán en la respectiva ley orgánica.”
Conforme a los antecedentes que se presentaron en la Legislatura Provincial, no reúne los requisitos formales para el cargo; sin entrar a considerar los requisitos de idoneidad y garantía de independencia del Poder Judicial.
Según el CV presentado ante la Legislatura Provincial egresó de la UBA en octubre de 2013; fue designado como Ministro de Gobierno desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 9 de diciembre de 2019, y fue designado como Fiscal de instrucción el 27 de diciembre de 2019.
Que al respecto se puntualiza que para ejercer la profesión de abogado es requisito, además de contar con el título respectivo, estar debidamente matriculado (art. 115 Ley Uno Orgánica de la Justicia). Asimismo, el periodo de ejercicio como Ministro no puede computarse como de ejercicio de la abogacía, pues de hecho es incompatible con el ejercicio de la profesión (Art. 116, inc. a, de la Ley Uno Orgánica de la Justicia).
Un vocal de esta jerarquía integra la máxima autoridad judicial en nuestra provincia, un Tribunal que tiene la última palabra sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, en todos los aspectos, sus bienes, su libertad, sus relaciones familiares, sus derechos políticos, sus derechos civiles y laborales.
Este tipo de designaciones marcan un camino muy difícil de desandar y perjudican la calidad institucional y la de vida de todos los santacruceños, aunque no se advierta de modo inmediato, quedando nuestros derechos y libertades sujeta a la decisión de personas que no poseen la idoneidad para el cargo, y que protegen intereses distintos a los de la función que la ley les impone.
La voluntad del Frente de Todos pareciera ser entonces violar nuevamente la Constitución de Santa Cruz, ampliando y garantizando un poder judicial de jueces amigos y representantes políticos; pues es lo único que parece importar en la elección de sus candidatos.
Los diputados de la oposición no tienen los votos suficientes para impedirlo, porque basta una mayoría simple para que la legislatura preste su acuerdo.
De allí que advertimos que la designación que se va a realizar es nula e inconstitucional, debiendo además ser observada frente a lo previsto en el artículo 253 del Código Penal (designaciones ilegales).
Es por todo lo expuesto que esta Comisión Directiva expresa su rechazo público a la designación del Dr. Basanta, resaltando la gravedad que posee que se pretenda integrar el máximo tribunal judicial provincial con personas que no cuentan con los requisitos legales y que solo poseen antecedentes de militancia política, partidizando los tribunales de justicia en detrimento del respeto a la división de poderes y del servicio de administración de justicia.
Invitamos a las ONGs, organizaciones políticas y ciudadanos a expresar su rechazo y posición ante este nuevo atropello institucional.
Río Gallegos, 29/08/2022 Javier Stoessel
Presidente Comisión Directiva
Asociación de Abogados de Río Gallegos

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