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#Covid-19: Dictamen del I.D.E.L. de F.A.C.A. sobre defensa de los derechos y ejercicio profesional

DICTAMEN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS DE LA F.A.C.A. sobre COVID-19 (CORONAVIRUS), DEFENSA DE LOS DERECHOS y EJERCICIO PROFESIONAL

1.- Que mediante DNU 297/20 (BO del 20/3/20), el Poder Ejecutivo Nacional ha
dispuesto el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para toda la población, con las excepciones que aquella norma prevé y las otras que se permite contemplar por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

2.- Que la norma se ha dictado en los términos del art. 99 inc. 3 de la CN, quedando
pendiente su examen por la pertinente Comisión Bicameral de acuerdo a la  mecánica constitucional, sin perjuicio de señalar que se presentan claras circunstancias excepcionales que requieren regulación positiva por parte del Estado y que aquellas se dirigen a la preservación de bienes primordiales como son la salud y la vida. 

3.- Que el aislamiento dispuesto constituye una severa restricci n a la libertad
ambulatoria y al derec o de reuni n (Art. 14 de la C.N.). Sin perjuicio de la natural
actitud reactiva que se impone en una democracia republicana ante estas afecciones, esta restricci n a derec os undamentales está debidamente justificada en la e posici n de mo vos de la norma que contiene las ra ones de salud de p blico
conocimiento -pandemia- ue an dado origen a la decisi n adoptada, implicando una
regulación razonable -aunque no ciertamente por ley en sentido formal-, en los
términos del artículo 28 de la Constitución Nacional, del alcance que dichos derechos fundamentales deben tener, por excepción, en esta emergencia.

4.- Que en dicho marco que impone una restricción a la libertad locomotiva de la
sociedad argentina con motivo de la pandemia y la represión de la conducta infractora (arts. 4º, DNU 297/2020, y 205, 239 y concordantes del digo enal), se genera a su vez una restricción al ejercicio profesional de las abogadas y abogados y en la defensa de los derechos de la ciudadanía.

5.- Que el artículo 205 del digo enal establece ue: “Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades
competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Se trata
de una ley penal “en blanco”, es decir ue comprende dentro de la pro ibici n (y de la
amenaza de pena) a una cantidad de posibles conductas que no están dentro de la
norma legal penal sino en otras normas de distinta especie (en este caso un decreto
del Poder Ejecutivo Nacional pero también en otras normas tuitivas de la salud pública dictadas en el marco de esta emergencia).

6.- Que es urgente entonces, por parte de la abogacía, un pleno conocimiento del
nuevo elenco de disposiciones normativas, en primer lugar como parte de la
ciudadanía, para adaptarnos nosotros mismos a este drástico recorte, y además para poder asesorar y asistir adecuadamente a quienes requieran la asistencia profesional en defensa de sus derechos.

7.- Que el Decreto, como no podía ser de otro modo, exceptúa en su artículo 6º del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la pro ibici n de circular, a las
personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia -cuyo despla amiento deber limitarse al estricto cumplimiento del servicio-, al “personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades 
competentes” (inciso 3º). La función judicial, por consiguiente, no está suspendida sino limitada a ciertas cuestiones que se entienden urgentes de acuerdo a la propia enumeración que hagan los tribunales superiores. Y es el caso que la abogacía es auxiliar de la justicia. De allí que se impone la lectura atenta de las acordadas y resoluciones dictadas o por dictarse por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y demás órganos competentes. Como también hacer lo propio en cada jurisdicción provincial y de CABA, respecto de sus superiores tribunales de justicia y demás organismos.

8.- Que se impone en el contexto exhortar a las autoridades a la instauración plena de la presentación de escritos en forma digital o con firma electrónica, en forma remota, como así la realización de audiencias por sistema de teleconferencia en aquellas que por su tipo admitan esa modalidad. Se trata de una de las medidas posibles para facilitar el ejercicio del derecho de defensa y el resguardo de los intereses personales y patrimoniales de la población.

9.- Que dado que el estado de cosas reinante no excluye la necesidad, en casos
imperiosos, de presencia física de los abogados en agencias policiales, en fiscalías o en los tribunales, cabe afirmar que en dichos supuestos la autorización de traslado de las abogadas y abogados y los justiciables está sin duda alguna incluída en las excepciones para garantizar la tutela del derecho que se está defendiendo, de conformidad con lo dispuesto en artículo 6º inciso 6) del Decreto en examen, que exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preven vo y obligatorio” y de la pro ibici n de circular a: “ ersonas ue deban atender una situaci n de uer a mayor”.

10.- Que en virtud de encontrarse la asistencia letrada, en casos urgentes e impostergables, encuadrada en el concepto de fuerza mayor a que refiere el Art. 6, inc. 6) del Decreto 297/2020 y, por consiguiente, en las excepciones a las restricciones de movilidad establecidas, resulta de utilidad que los Colegios profesionales expidan a sus matriculados Certificados que permitan acreditar la validez de su matrícula de modo tal que no se les impida cumplir con su servicio e incumbencia profesional en los casos urgentes e impostergables. Empero, se debe destacar que dichos certificados se imponen solo para facilitar la prueba de la situación urgente que deben atender, para que las letradas y letrados puedan transitar libremente pese a las restricciones vigentes, aun cuando el ejercicio de la actividad profesional y la existencia de matrícula habilitante permite por sí sola habilitar la excepción. Ello, lógicamente, cuando se presente la necesidad de atender situaciones que impongan el apartamiento de la medida general que restringe la circulación en función de la salud pública, que no puede verse caprichosamente violada. Ciertamente, el catálogo de situaciones especiales puede ser amplio, de modo de quedar encuadradas en el concepto de “ uer a mayor” a ue se re iere el Decreto cuando así lo marquen las circunstancias concretas del caso.

11.- Que sentado todo ello se reitera que este nuevo contexto impone nuevas formas de vincularnos con la ciudadanía y con la agencias policiales y judiciales, que gracias a los avances tecnológicos pueden utilizarse para que no se vea interrumpido el servicio básico que presta la abogacía, reduciendo al mínimo aquellas actividades donde sea indispensable e inevitable la presencia física, para suministrar a quienes asistimos la prestación del servicio de defensa de sus derechos, que debe intentar superar toda barrera, para que no se vea sumido en el desamparo. 

12- Asimismo, exhortamos a las abogadas y abogados a que, como guardianes del
Estado de Derecho, en esta tensión que hoy se presenta entre libertad y seguridad,
difundan y sean referentes frente a la ciudadanía acerca de la importancia de que cada uno cumpla con el mandato excepcionalísimo y solidario del aislamiento. Y a las autoridades a que arbitren medidas tendientes a paliar los enormes perjuicios
económicos que el ejercicio liberal de la profesión está padeciendo debido a la
inactividad y a la suspensión. En efecto, postergar y limitar al 50% de su valor los pagos de monotributo, IVA, contribuciones y aportes patronales y pagos de anticipos de Impuesto a las ganancias y bienes personales, otorgando líneas de crédito a muy baja tasa para poder reordenar su situación económica, contribuiría a lograr aquel objetivo.

Estas medidas constituyen acciones positivas que tienen antecedentes directos por
haber sido implementadas a favor de los contribuyentes por igual motivo recientemente por España, Brasil, Inglaterra e Italia.

Buenos Aires, jueves 26 de marzo de 2020. 

Fernando Díaz Cantón
Presidente del IDEL
FACA

Carlos Vásquez Ocampo
Director Ejecutivo del IDEL
FACA 

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