Colegiación

La AARG expresó opinión respecto del proyecto de ley de colegiación (Proyecto Nro. 306/2021)

Mediante nota N° 5/2021  remitida al señor Presidente de la Comisión de Asuntos  Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados -Dr. MARTÍN LUCIANO CHÁVEZ -; Luego de un análisis pormenorizado del articulado del Proyecto referido, la Asociación de Abogados de Río Gallegos ha definido una serie de observaciones al mismo, las cuales queremos hacer llegar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a través suyo, con el fin de realizar un señalamiento expreso de las mismas, de modo que pueda generarse una real apertura democrática y debate, con la finalidad de contribuir para que en nuestra Provincia se dicte una Ley de  olegiación de Abogados.

Las observaciones al Proyecto Nro. 306/2021 son las siguientes:

-De la lectura de los artículos 3, 4, 5 inc. f) y cctes. surge que el otorgamiento
de la matrícula la realiza el Tribunal Superior de Justicia.

Consideramos que de esta manera se niega al Colegio de Abogados su función
principal, en tanto que la atribución esencial de un colegio público profesional es la potestad del otorgamiento de la matrícula profesional, la cual de la manera que expresa el articulado queda fuera de su competencia.

El Colegio que se crea según este Proyecto tiene solo una misión revisora de la
documentación a modo de “preinscripción” para luego remitirla al TSJ a través de Superintendencia. Nuestra opinión es que de esta manera se pretende crear un colegio que sea un auxiliar administrativo (ad honorem) del TSJ para desglosar tareas administrativas, pero no se le concede poder decisorio para otorgar la matrícula.

Luego si, se desglosan las tareas administrativas vinculadas con la matrícula como
extender los carnets y llevar los legajos. En este aspecto, resulta aún más evidente que se trata de un proyecto pensado más para auxiliar al TSJ que para otorgar el gobierno y control de la matrícula al propio cuerpo de abogados.

Resulta claro en este sentido la mención del artículo 4, donde establece que el
objetivo es “asociar a todos los abogados matriculados”. Pero de esa manera, no sería Colegio, sino que se iniciaría como una asociación obligatoria de aquellos matriculados que acepte el TSJ.

De esto se derivan también otros aspectos: La ley no regula los requisitos para
matriculación ni el régimen de incompatibilidades, lo que sigue quedando en la Ley 1 y bajo la órbita del TSJ.

Ejemplo de ello es que la cancelación de la matrícula se produce por disposición del Poder Judicial (art. 6, inc. 3).

Las facultades de reglamentación de estos aspectos, al estar enmarcados en un
régimen distinto, también escapan a toda facultad del Colegio, acentuando su dependencia.

De todo lo detallado se desprende que se crearía un colegio profesional que no
posee el gobierno de la matrícula, lo cual contradice la esencia misma y la razón de ser de los colegios profesionales. Resaltamos que en todo el país, y en esta misma provincia cuando se han dictado leyes de colegiación para otras profesiones, la función esencial y propia que otorgan las leyes de creación es otorgar el
gobierno exclusivo de la matricula a los colegios, pero aquí inexplicablemente se pretende que el otorgamiento de la matrícula siga siendo potestad del Poder Judicial.

– Artículo 2.Establece como sede y domicilio legal en Río Gallegos.

Consideramos que a esta norma hay que vincularla con aquella que permite la
creación de sedes, la forma de constitución de las asambleas, y la forma de elección de los cargos electivos.

Aquí consideramos que deben realizarse modificaciones necesarias para evitar la
marginación política de los letrados de zona norte, que constituyen proximadamente la mitad de la matrícula.Al ser la elección realizada en Asamblea, (art. 9 inc. a) y c) ) no previéndose medios de participación electrónica como  necesarios y obligatorios, estableciendo la sede en Rio Gallegos, lugar de
realización de la asamblea, se obstaculiza la participación activa en la vida del Colegio de más de la mitad de los letrados actualmente matriculados en la provincia. Más aún, el artículo 12 inc b) habla que las asambleas deciden por simple mayoría de votos de “Los colegiados presentes”.

La AARG propone lo siguiente: 1-realizar la elección de igual modo que las del
Consejo de la Magistratura, o 2-Prever como obligatorio que se permitan medios de participación virtual en las asambleas, y demás órganos del colegio.

Esto garantizará la posibilidad de participación de todos los matriculados en la
elección de los representantes, y posibilitará su participación activa en los órganos del Colegio.

– Artículo 6. Se refiere a la “cancelación o suspensión de la matricula”

Atento a que la matriculación la otorga el TSJ, debiera aclararse si basta que se
pronuncie el Colegio para cancelar la matrícula, y qué órgano debe pronunciarse, más aún cuando el inc. 3) menciona que se cancela o suspende por disposición del Poder Judicial, sin mayores aclaraciones.

Tampoco discrimina en cuales de los supuestos en que se cancela o suspende la
matrícula es necesario un sumario disciplinario previo, y cuando no.

En algunos casos, resulta de la misma naturaleza de la causal, por ejemplo, renuncia o fallecimiento, como condena penal de inhabilitación de la profesión, pero en otros casos resultaría imprescindible un sumario previo, como la comisión de delitos, incompatibilidad, etc.

El inc. 2: “a requerimiento del Colegio. …” En este caso, consideramos necesario que se debieran identificarse los supuestos, y a qué se refiere “del colegio”, ya que debe ser actuado por algún órgano, por ej. El Tribunal Disciplinario.

El inc. 3, “por disposición del poder judicial de la provincia de santa cruz…”

Consideramos que se debieran identificar los supuestos ¿se refiere a una sentencia
que lo inhabilite?, ya que en este caso, debiera mencionar esta situación específicamente. Luego, si el control disciplinario está en el Colegio, el poder judicial no debiera poder disponer la cancelación o suspensión de la matrícula de los abogados.

El inc. 5 “…. Por causales de incompatibilidad … La ley de creación del “colegio” no reglamenta las causales de incompatibilidad, -hoy en la Ley 1-, por lo cual no resulta claro cuál es la autoridad que debe disponer el cese por esta causal, ni el procedimiento.

Incs. 6, 7. 8 y 9 “…

6.- En caso de incurrir en los tipos penales del Código Penal.

7.- Las personas que se encuentren inhabilitados para el ejercicio profesional.

8.- Los procesados desde que se dictare la misma.

9.-Los condenados dentro o fuera del país, hasta cinco años después de cumplida o extinguida la acción penal.…”

Estos supuestos debieran ser aplicados previo sumario, y para el caso de que la
situación afecte el desempeño profesional, puesen ningún caso puede bastar un mero procesamiento para cancelar o suspender la matrícula (principio de inocencia), debiendo existir sentencia firme. Para el ejercicio de
cualquier otra profesión, e incluso cargos públicos de la más alta jerarquía, no existen estas limitaciones, de donde resulta que para ser presidente,  vicepresidente, senador, diputado, etc., es indiferente la existencia desanciones penales (aun firmes) pero de la interpretación literal y objetiva de estos incisos, surge que por un procesamiento por una figura culposa excarcelable y aún sin sentencia, se suspende o cancela la matrícula de abogado.

– Artículo7. Este artículo establece la obligatoriedad de constituir domicilio y la obligación de comunicar en 24hs. la modificación de este domicilio. La sanción por esta omisión es la “suspensión de la matricula”.

Consideramos que no se encuentra justificada esta sanción, siendo la consecuencia
normal de la falta de actualización de domicilio el tener a la persona por notificada en el último domicilio denunciado. También debiera preverse la posibilidad de constituir domicilio electrónico en los términos del art,.75 del CCyCN.

– Artículo 9. Este Artículo regula la integración y la forma de elección del
Consejo Directivo.

Elección por asamblea. Conforme lo expuesto en la primera parte, consideramos
que no se garantiza la participación de los letrados de toda la provincia Inc. b): no resulta claro en cuanto a la imposibilidad de reelección indefinida

Consideramos que es necesario prever aspectos generales mínimos del modo de
elección: por lista completa, listas incompletas, por cargos, por órgano del colegio, si se dará participación a las minorías en el Consejo Directivo, etc. Etc.

Nótese que estos aspectos están relegados a una reglamentación integrada por el
TSJ, la Fiscalía de Estado y abogados designados por sorteo, lo que genera más dependencia del Colegio.

– Artículos 14 y 15: Tribunal de Etica y Tribunal disciplinario. No se indican plazos de duración de los cargos.

– Artículo17: Administrador titular y suplente: no especifica cómo se elige ni
duración del cargo.

– Artículo 19: Tesorería: no especifica cómo se elige ni duración del cargo

– Artículo21: auditoría interna: no se especifica cómo se elige ni duración del
cargo.

Asimismo, menciona “pudiendo formular cargos”, considerando que esta acultad
resulta excesiva, más aún si se tiene en cuenta que no se especifica procedimiento de determinación de cargo, y que está integrado por un titular y un suplente.

– Artículo 9 inc c): “Los cargos son obligatorios y gratuitos para todos los abogados que se encuentren en condiciones de ley y su reglamentación, salvo excusación
suficiente y aprobada por la Asamblea.”

No es posible sostener esta norma. Los cargos deben quedar sujetos a postulación
previa de quien desee participar, aceptación del postulante, y deben ser susceptibles de renuncia.

– Artículos 22 y 23: Por el artículo 22 se establece una comisión integrada por
3 abogados elegidos por sorteo, más un integrante del TSJ y el Fiscal de Estado. Por el art. 23 se establece que dicha Comisión tendrá treinta días para dictar el Reglamento General que regirá el Colegio de Abogados. De la misma forma y plazos se integrará cuando a pedido del Colegio soliciten la modificación del mismo.

Consideramos que entregar la facultad de dictar el Reglamento General que regirá
la vida institucional del Colegio de Abogados en una comisión externa al mismo atenta contra el autogobierno del Colegio.

No se entiende además el motivo por el cual el Fiscal de Estado debe estar en esta
comisión, ya que sus misiones y funciones previstas por la ley son otras. De sostenerse este artículo es ingresar una representación del Poder Ejecutivo en la reglamentación interna del colegio de matriculados.

Asimismo que el TSJ integre dicha comisión busca mantener la intervención del
Poder Judicial en el gobierno de la matrícula.

Consideramos por lo tanto que se debiera establecer expresamente que la facultad
de dictar el Reglamento General al propio Colegio.

-Por todo lo expuesto, se solicita a los señores Legisladores que se tengan
presentes las observaciones efectuadas por la Asociación de Abogados de Río Gallegos en relación al Proyecto de referencia.Asimismo, resaltamos que esta Asociación de Abogados ha manifestado oportunamente y sostiene su apoyo al Proyecto de Ley de Colegiación 234-2020 presentado por la Diputada Nadia Ricci, proyecto que hubo de ser el resultante de un consenso amplio del colectivo de abogados santacruceños, que fue originariamente presentado en esa Cámara de Diputados por el Diputado Alexis Quintana, y que luego recibió el aporte de las observaciones realizadas por la Diputada Liliana Toro. De allí que apoyamos ese proyecto de ley, que hoy posee estado parlamentario y en el cual han intervenido para su elaboración distintos sectores políticos y colectivos de abogados de toda la provincia, y que de modo claro e indubitable otorga el gobierno de la matrícula al colegio sin injerencias externas – como sucede con los restantes colegios profesionales que han sido creados en esta Provincia-, y que prevé la participación democrática de todos los matriculados de la provincia (zona norte y zona sur) con la creación de un Colegio Público de Abogados en cada Circunscripción Judicial en que se divide la Provincia de Santa Cruz.

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