Hacemos saber a nuestros asociados, letrados e interesados en general, que la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, ha solicitado a la legislatura Provincial por intermedio de la Diputada Roxana Reyes la aprobación de una ley de Colegio Público de Abogados, tomando el proyecto que fuera presentado por el ex Diputado Alexis Quintana en el anterior periodo legislativo, proyecto éste que tuviera amplia difusión y consenso entre los letrados de nuestra provincia.

Tal solicitud, fue fundamentada por la Comisión Directiva en los siguientes aspectos, a fin de que sirvan de elementos de convicción suficientes para su aprobación:

Primero, que Santa Cruz es hoy una de las dos Provincias de nuestro país en que no existe una ley de colegio público de abogados. Se descarta la existencia en los legisladores de una postura política contraria a los colegios profesionales, pues existen en nuestra provincia leyes que regulan colegios públicos para otros sectores tal como el CPAIA, Colegio Médico, Colegio de Escribanos, Colegio de Graduados en Trabajo Social, entre otros, al punto tal de poder considerarse la reiterada omisión en dar tratamiento a esta cuestión un trato discriminatorio para con el sector.

La conveniencia de avanzar en la ley de colegiación es múltiple:

*El colegio profesional, como organismo autónomo en el cual el estado difiere un conjunto de funciones y prerrogativas vinculadas principalmente con la regulación de la matrícula profesional, cumple funciones de registro de profesionales habilitados, verificación de títulos y constitución de tribunales disciplinarios, por parte de quienes están involucrados de modo directo e inmediato en el interés; produciéndose una economía Estatal administrativa y burocrática, liberando recursos del poder central. Actualmente, el control de la matrícula de abogados es ejercida por el Tribunal Superior de Justicia. Este órgano sin embargo, se encuentra diseñado y definido constitucionalmente para el ejercicio del poder jurisdiccional de la Provincia en su más alto rango, siendo antifuncional asignarle el control de la matricula profesional, pues nada tiene que ver con su natural  misión. Debe destacarse que reiteradamente los miembros del TSJ se han manifestado de modo favorable hacia la constitución del colegio de abogados, reconociendo que se les asigna una función que no le es propia.

*La construcción de las democracias modernas, tiende a la incorporación de las instituciones intermedias en la inteligencia de que el goce y uso efectivo de ciertos derechos, aun los individuales, solo es posible en algunos casos o resulta más efectiva en otros, por intermedio de la conformación de grupos profesionales, política que redunda en beneficio del Estado, de la sociedad en su conjunto, y del individuo. La factibilidad de realización de algunos derechos individuales o su mejor concreción en la complejidad de las democracias representativas abiertas solo se presenta por intermediación y conformación de grupos de interés: sindicatos, cámaras de comercios, organizaciones empresariales, asociaciones de consumidores y usuarios y colegios profesionales.

*La más específica y concreta apreciación del interés que se busca tutelar por los directos implicados en ello genera el mejor escenario para la resolución de los conflictos que se plantee.

*Las ventajas que el diferimiento de competencias en el mismo grupo humano para la gestión de sus intereses, no finaliza en la liberación de los recursos al Estado y en los beneficios (y riesgos) de la autogestión, sino que se proyecta en múltiples aspectos:

*Los colegios profesionales antes que implicar la expresión de un núcleo corporativo de intereses, en el decurso de su historia han demostrado ser un valioso instrumento de concertación social; traduciendo y unificando los intereses de un sector frente al estado y la comunidad, sin cuya intermediación resultaría de compleja representación uniforme, otorgando a la vez un interlocutor válido para con los organismos estatales, y a la vez posibilita, el diálogo con otros sectores, individuos y con el mismo estado. Es decir, una intermediación en las democracias indirectas y representativas.

*No se trata solo de la conformación de un registro y control de títulos para determinar frente a la sociedad quienes reúnen los requisitos para el ejercicio de la profesión y quiénes no. Se trata de crear un organismo de derecho público autónomo y no estatal, que además de lo anterior, habrá de vigilar, controlar y respaldar la actuación del profesional en todas sus instancias, contribuyendo a la mejor calidad del servicio y al resguardo de los intereses confiados a los profesionales del derecho, y que además buscará corregir distorsiones y perfeccionar instrumentos en aras del progreso de la administración de justicia.

*La experiencia en las restantes Provincias de nuestro país, muestra que los colegios han logrado reconducir de modo más eficiente los esfuerzos asilados de sus integrantes que –de modo directo o indirecto- logran un mejoramiento en la calidad del servicio de administración de justicia del Estado:

-Se han convertido en organismos de seguimiento y contralor jurisprudencial;

-De asesoramientos y consulta ante proyectos de leyes, colaborando con los poderes legislativos y con organizaciones intermedias;

-De generación de propuestas y mejoras para el servicio de administración de justicia, colaborando con las reformas y mejoras del Poder Judicial;

-De canalización de intereses de capacitación, actualización y perfeccionamiento de los profesionales;

Es decir, en el cumplimiento de actividades en interés de sus propios miembros, se deriva nítidamente la consecución de un fin público y la protección de un interés general.

Las ventajas que generaría la creación de un colegio público de abogados resulta reconocida por las autoridades, y es ampliamente aceptada por el grupo de profesionales y por quien hoy ejerce el control de la matrícula.

Se solicitó en este sentido a los Sres. Legisladores que den tratamiento al proyecto de ley que fuera en su momento presentado por el entonces Diputado Alexis Quintana, que se expresen por su aprobación y, en caso de existir objeciones, que realicen un señalamiento expreso de las mismas de modo que pueda generarse una real apertura democrática y debate en torno a aquello que en su opinión impide la aprobación de esta ley.

 

Javier A. Stoessel – Presidente Asociación de Abogados de Río Gallegos-