Tema: “LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LOS CONTRATOS DE CONSUMO”. PROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL ARGENTINO AÑO 2012.

HIPOTESIS

No existe ninguna crisis en los contratos modernos vinculada a la autonomía de la voluntad.

Los contratos se encuentran en pleno apogeo.

No obstante se puede afirmar que las condiciones de contratación en los contratos de consumo, en muchos casos, son desventajosas para el consumidor y genera consecuencias.

INTRODUCCION

El presente trabajo ofrece un recorrido a través de la denominada autonomía de la voluntad, analizada a luz de los contratos de consumo.

A través de esta investigación se intentará demostrar que la autonomía de la voluntad no está en crisis.

Ingresando en el análisis de la temática a abordar, se puede decir, que es cierto que se ha escrito mucho sobre el contrato en general y quizás no resulte esta ser una cuestión compleja.

Alterini (2008) enseña

El Contrato? Eso es lo más sencillo del mundo. ¿Qué resta por decir del él?. Mucho precisamente por ser tan sencillo. El entendido sabe que los  fenómenos jurídicos más sencillos encierran la mayor dificultad, y respecto del contrato, que te paree tan simple, ignoro si tendré éxito en mi intento de  elaborarlo.

Probablemente sea un Instituto del derecho sencillo aunque esconde un entramado complejo y dinámico que exige ser sometido a estudio permanente.

En este orden de ideas, se es de señalar, que surgieron nuevos contratos modernos que aun están en proceso de consolidación.

También se observa que las condiciones de contratación han variado en particular en los contratos masivos de consumos.

En resumen, referirnos a los contratos implica estudio y análisis permanente y mucho por decir.

Se trata de una disciplina dinámica que requiere análisis permanente.

BASES CONSTITUCIONALES DE LA TEORIA GENERAL DEL CONTRATO

La base constitucional del contrato la encontramos en la primera parte de la Constitución Nacional, lo que se conoce como los derechos de primera generación.

Zentner (2010) enseña

Es la parte dogmática de la Carta Magna, la que regula el status de las personas(de sus derechos), tanto en sus relaciones con el Estado, como entre sí. Constituye así, un catálogo de derechos subjetivos individuales, es decir, de prerrogativas o facultades inherentes al hombre por su calidad de persona. Se consagran así, los denominados derechos de “primera generación”, atributos esenciales de la persona humana y sustrato para el goce de los restantes derechos. Ellos son: el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad y a la igualdad (p. 60)[1].

La Constitución Nacional no estableció la libertad contractual expresamente sino que deriva de otros derechos como el derecho al trabajo o ejercer la industria, entre otros.

Gelli (2008) dice

La libertad contractual no está expresamente consagrada en el art. 14 de la Constitución Nacional, pero deriva del derecho de trabajar, comercia, ejercer la industria lícita, de disponer de la propiedad y aun de enseñar, porque para el ejercicio de ellos se requiere, en general, la celebración de contratos (p. 107).

También la libertad contractual se la vincula a otros artículos de la Constitución Nacional.

Garrido Cordobera (2013) señala

La libertad de contratación tiene además el respaldo constitucional en el sentido amplio del art 28 cuando se dispone que los principios, derechos y garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio que concuerda con la primera parte del 14. Someramente podemos revisar nuestra línea de vida Constitucional, en 1853 básicamente se plasman los derechos de 1ra generación, el derecho a la vida, la integridad física, la libertad y la igualdad, el derecho de propiedad, de ejercer el comercio. Industria licita, de asociarse pero todos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Si bien el modelo constitucional es norteamericano y el Código Civil en materia contractual es francés, se plasma las ideas del iluminismo y del liberalismo con la libertad y la propiedad como ejes. El contrato es la autorregulación donde lo querido es lo justo (p.  4)[2].

Por último, se puede agregar, que el artículo 19 de la Constitución guarda relación con el concepto de libertad contractual.

Garrido Cordobera (2013) enseña

La libertad de contratación tiene además el respaldo constitucional en el sentido amplio del art.  28 cuando se dispone que los principios, derechos y garantías y derechos reconocidos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio que concuerda con la primera parte del 14.

Tampoco podemos dejar de mencionar el derecho de igualdad ante la ley.

Se presupone que las partes al contratar se encuentran en igualdad de condiciones.

La igualdad de condiciones de las partes es fundamental al momento de acordar.

Pero la pregunta obligada es si esta igualdad se cumple en la dinámica actual de los contratos de consumo.

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD. SU CONCEPTO

Ligado al concepto de autonomía de la voluntad aparece la palabra libertad.

El concepto de libertad se puede resumir en la acción de elegir libremente.

Zentner (2010) dice

La libertad de contratación comprende, tanto la libertad de contratar o no  hacerlo y de elegir a la persona del cocontratante (libertad de concertación o libertad contractual propiamente dicha), como la de autorregular el contenido del contrato de la forma más conveniente a los intereses de las partes (libertad de configuración interna). El resultado es el principio de autonomía de la voluntad que campea en la regulación jurídica del contrato, y cuya expresión clásica en nuestro Derecho positivo la proporciona el art. 1197 del Código Civil, reproducción del art. 1134 del Código Civil francés. Se ha expresado que el principio de autonomía de la voluntad significa desde el plano filosófico el reconocimiento concreto de la libertad de la persona en el ámbito de las relaciones negociales (p. 4 y 5).

En el marco de la libertad de contratar, este concepto se vincula con el hecho de poder pactar las condiciones de contratación de manera libre sin limitaciones.

Hernández Fraga y Guerra Cosme (2009) enseñan

…el principio de autonomía privada se manifiesta en el contrato, en la posibilidad hecha realidad en los ordenamientos jurídicos que lo reconocen de decidir, los sujetos, concertar o no un contrato, en virtud de lo cual las partes pueden crear libremente todas las relaciones jurídicas que entre ellas consideren pertinentes. Además, nadie puede ser obligado a contratar contra su voluntad; no hay obligación de ofrecer y quien recibe una oferta puede a su arbitrio aceptarla o rechazarla, y si opta por este último camino, ello no le acarrea responsabilidad de ninguna especie, ya que es su opción la de contratar o abstenerse de hacerlo y de seleccionar con quien lo hace (p. 4).

El CODIGO CIVIL ARGENTINO

Resulta imposible no mencionar cuando se aborda esta temática, nuestro Código Civil.

Gelli (2009) dice

Como derecho implícito, la libertad contractual fue reglamentada por diferentes leyes, aunque los principios, alcance, protección y efectos de los contratos fueron obra del Código Civil de 1869. Como es sabido, y en aplicación de los principios liberales e igualitarios de la Constitución histórica que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (p. 108).

De este cuerpo legal se destacan dos artículos relevantes.

Por un lado el artículo 1137[3] cuyo texto dice: “Hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destina a reglar sus derechos”.

También ligado a este tema, vale mencionar el artículo 1197 que establece: “Que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma”.

Excede a este trabajo analizar estos artículos pero nadie puede negar la su importancia en el derecho de contratos.

LIMITES A LA AUTONIA DE LA VOLUNTAD

Ningún derecho constitucional se ejerce de manera absoluta pues siempre existen límites a su ejercicio.

El derecho de contratar libremente también reconoce limitaciones, y resulta ser la excepción.

Gelli (2009) afirma

…. La libertad contractual […] Como todos los derechos, está sujeto a límites legales impuestos por el Estado para preservar de daños a terceros – conforme el art. 19 de la Constitución Nacional – o a fin de asegurar el cumplimiento de las funciones públicas indelegables, constitutivas del bienestar genera. Los derechos que emanan de las cláusulas establecidas en los contratos –convenidas conforme la legislación vigente- se incorporan al patrimonio en calidad de derechos adquiridos y, por lo tanto, están protegidas por las garantías de la propiedad establecidas en el art. 17 de la Constitución Nacional (p. 108 y 109).

Los límites están previstos en el Código Civil Argentino.

El artículo 1071[4] del Código Civil establece:

El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación no puede constituir como ilícito ningún acto. La Ley no apara el ejercicio abusivo de derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.

Podríamos decir que el primer límite a la autonomía de la voluntad se vincula con el ejercicio abusivo de los derechos.

Este instituto del derecho podría definirse como un ejercicio contrario a la moral y las buenas costumbres.

Encontramos otras limitaciones en el interés público, la teoría de la imprevisión y la lesión.

Hernández Fraga y Guerra Cosme enseñan

En el tercero de los tradicionales límites a la autonomía de la voluntad se sitúa el orden público, en el sentido no de ley imperativa, sino en el de conjunto de principios que constituyen el núcleo fundamental de criterios informadores del ordenamiento jurídico. Identificado además con la organización general de la comunidad y sus principios fundamentales y rectores. Por su parte, las limitaciones a la autonomía de la voluntad provienen de la dinámica económica. Son manifestaciones de la llamada crisis o decadencia de la autonomía de la voluntad en su sentido individualista. Son determinaciones económicas que prueban las realizaciones normativas de una época dada, afloran como imperativos extrínsecos al negocio contractual, imponiéndole un acomodo propio a sus designios. Por lo que se puede afirmar que en la actualidad la libertad en el campo de los negocios jurídicos privados, y en especial, del contrato se caracteriza por un incremento incesante del número de limitaciones. Lo cual es condicionado por la intervención creciente del legislador en la reglamentación contractual, la proliferación de las normas de ius cogens, las transformaciones que la dogmática contractual experimenta, y además por el intervencionismo estatal en la economía (p.      ).

Cierta doctrina señala otras limitaciones, las provenientes de la dinámica económica.

Hernández Fraga y Guerra Cosme afirman

Del análisis realizado se puede apreciar que la mayoría de los autores considera que la libertad contractual no puede ser absoluta,20 reconociéndose como límites a dicho principio, la ley, la moral y el orden público del proyecto de reforma del Código Civil año 2012 prevé la aplicación de daños punitivos en contra de quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva (p. 11).

LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LOS DERECHOS DE CONSUMIDORES EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL CODIGO CIVIL

La Ley de Defensa del Consumidor no define el contrato de consumo, si refiere a la relación de consumo.

El proyecto de reforma del Código Civil también hace mención a la relación de consumo en el artículo 1092[5] que establece

La relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinataria final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

A su vez el proyecto define el contrato de consumo a través del artículo 1093[6], cuyo texto dice

Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona física o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.

Gelli (2009) enseña.:

”…la relación de consumo supone un convenio celebrado, del cual habrán de derivar los derechos protegidos y las responsabilidades consecuentes… (p. 582)”.

La ley de fondo define a la figura de consumidor.

El artículo 1° de la Ley 24.240[7] párrafo establece

La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una relación de consumo.

Esta definición no difiere de la que se brindara en el III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica de los Consumidores[8] al decir

El consumidor en sentido estricto o consumidor directo, entendiendo por tal a quien contrata la adquisición de bienes o la prestación de servicios, actuando como destinatario final, siendo irrelevante el carácter gratuito u oneroso del negocio […] El usuario o consumidor material es aquel sujeto que utiliza bienes o servicios sin ser parte de un contrato de consumo.

La figura del consumidor además fue reconocida en nuestra Carta Fundamental.

El artículo 42[9] de la Constitución establece

Los consumidores de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, a y condiciones de trato equitativo y digno.

El artículo 43[10] párrafo segundo de la Constitución Nacional señala

“Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.

Este reconocimiento no es menor, implica un cambio ideológico en lo que respecta a nuestra tradición. Giro este que seguramente está vinculado a la expansión del consumo masivo que propone el sistema capitalista.

Gelli (2008) señala

La declaración y reconocimiento de los derechos de los usuarios y consumidores implicó una modificación sustantiva en la ideología liberal de la Constitución histórica del 1853-60 y hasta en la concepción social de la Ley Suprema, incorporada en 1957 con los derechos sociales del art. 14 bis (p. 580)

El sector de usuarios y consumidores es calificado como vulnerable y requiere protección especial.

El proyecto de reforma recepta este principio protectorio fundado en el derecho constitucional de igualdad.

Lorenzetti y Schötz (2003) señalan

La relación de consumo, protegida por la Ley 22140 (LDC), es percibida  por el legislador como genéticamente desequilibrada, en virtud de que una de las partes –el comerciante o el empresario-, cuenta con medios técnicos y experiencias muy superiores a las del consumidor. Entre estos medios técnicos a su disposición el empresario cuenta con asesoramiento legal calificado y experto que le permite configurar la relación jurídica de tal modo que el consumidor no puede variar esos contenidos obligacionales aparentemente secundarios ligados al núcleo del precio y otras pocas condiciones esenciales de la operación. En pos de este motivo fue fundamental que el legislador ha intentado predeterminar ciertos elementos de la relación e consumo de manera tal que se restablezca el equilibrio de una conmutación genéticamente desbalanceada (p. 7).

Este principio protectorio inclusivo se ha previsto en el apartado VIII) del proyecto de reforma del Código Civil Argentino cuando establece

“…El paradigma protectorio tutela a los más débiles y su fundamento constitucional es la igualdad. Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado. Superando la visión de los códigos decimonónicos, el Proyecto considera a la persona concreta por sobre la idea de un sujeto abstracto y desvinculado de su posición vital (paciente, art. 59, consumidor art. 1092 […] El proyecto busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar la verdadera ética de los vulnerables…”.

Asimismo en el apartado IX) del proyecto se señala

“…En esta materia se ha decidido incorporar al consumidor como sujeto de derechos, siguiendo las normas constitucionales vigentes. Por esta razón se define la relación el contrato de consumo /arts. 1092 y 1093), una amplia regulación de las prácticas abusivas (arts. 1096 y ss), de las modalidades especiales (arts. 1104 y ss) y de las cláusulas abusivas (arts. 1117)…”.

Por su parte, el proyecto prevé el trato digno (art. 1097), equitativo y no discriminatorio (art. 1098).

Moisset de Espanés y Tinti (2003) enseñan

Es un lugar común, tanto ente los autores nacionales como extranjeros afirmar que la preocupación por proteger a los consumidores reconoce un mojón importantísimo en 1962 con el célebre mensaje del presidente Kennedy al Congreso de los EEUU. Así, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Burgos Carlos Vattier Fuenzalida recuerda que un ese mensaje Kennedy parte de la comprobación evidente de que todos somos consumidores, que somos vulnerables y nos encontramos en el mercado en una posición de debilidad y desconcierto, agregando que al propio  el presidentes Kennedy trazó el catalogo de los derechos mínimos que debían ser consagrados para proteger a los consumidores (p. 99 y 100).

No cabe duda que la parte mas débil en las relaciones de consumo es justamente el consumidor.

SUPUESTA CRISIS DE LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

En la hipótesis formulada en el presente trabajo se afirma que la autonomía de la voluntad contractual no está en crisis.

Todo lo contrario, se puede decir con seguridad, que los contratos se encuentran en pleno desarrollo y expansión.

Si es cierto que las condiciones de contratación han variado pero la autonomía de la voluntad sigue vigente.

Stiglitz (2013) afirma

… desde hace un tiempo y recurrentemente se alude a la crisis del contrato, se anuncie su deceso y se examine lo que ha dado en denominar la declinación de la voluntad contractual. Ello con fundamento en: a) las restricciones de lo acordado por las partes y que resultan de las normas imperativas, lo que se enuncia como la publicización del contrato, y b) su estandarización a través de formulas predispuestas. Como se advierte, la crisis está referida a los términos en que fue concebida la autonomía de la voluntad. De allí que quepa afirmarse que el contrato no ha muerto ni se halla en situación de crisis. Por el contrario, se recrea y se halla en pleno apogeo (p. 74 y 75).

Históricamente la autonomía de la voluntad encontró sus límites en la moral y en las buenas costumbres y principalmente en la ley.

Dijimos más arriba que ningún derecho se ejerce de manera absoluta.

Stiglitz (2013) enseña

La libertad contractual no puede ser omnímoda. Uno de los límites está constituido por las normas imperativas. El ordenamiento legal concede a las normas imperativas un rango preferente, una jerarquía superior por sobre el precepto privado y por sobre las normas supletorias. Ese rango superior se traduce en su carácter coactivo, en tanto el orden jurídico no consiente que el sujeto no haga lo que manda hacer o haga lo que prohíbe (p. 75).

La autonomía de la voluntad traducida en un contrato privado vale siempre y cuando se respete la ley, la moral y las buenas costumbres.

Stiglitz (2013) dice

…la declaración de voluntad común tiene fuerza obligatoria en la medida que lo acordado por las partes: a) se halle conforme con el ordenamiento jurídico; b) sea individual y socialmente útil, y c) se adecue al principio de la máxima reciprocidad de intereses. En el proyecto, los límites a la fuerza obligatoria del contrato son los que provienen de la ley, del orden público, la moral, las buenas costumbres (art. 958) y del carácter imperativo de las normas (art. 962). Esto significa que el rol de la autonomía no debe ser entendido como una supremacía absoluta de los derechos subjetivos contractuales sino, repetimos, como un principio relativo y subordinado a los límites que le son inherentes (p. 75)

Hay que señalar también que no es pacífica la doctrina en afirmar que no existe crisis en la autonomía de la voluntad.

Existen voces que señalan que la autonomía de la voluntad efectivamente enfrenta una crisis.

Alterini (2008) afirma

…lo que a veces se denomina crisis del contrato no es nada mas que una crisis de la autonomía de la voluntad, o sea, del derecho de contratantes de determinar como lo entiendan su relación contractual, pues la apertura a la modernidad no pasa por el rechazo de las máximas que todavía son la fuerza viva del contrato […] Pero la autonomía de la voluntad hoy no es ni sombra de lo que fue […] Es una premisa la noción de que las obligaciones contractuales son libre y voluntariamente asumidas a través del curso de las negociaciones. Desafortunadamente este modelo y sus asunciones básicas no reflejan la realidad. El ideal clásico de libertad contractual depende por entero de un modelo obviamente irreal de formación del contrato en el cual todas las transacciones son negociadas por partes ilusorias, completamente informadas y con el mismo poder de negociación, capaces de proteger sus propios intereses y de arribar a acuerdos mutuamente beneficiosos que maximizaran las utilidades (p.  4).

Cierta doctrina afirma que el modelo actual de contrato de consumo implica una clara restricción a la autonomía de la voluntad.

Zentner (2010) dice

Concierne a la fisonomía del contrato de consumo una reglamentación que importa una certera restricción a la libertad de autorregulación, en aspectos tales como el de compensar la asimetría informativa, imponer un contenido mínimo al contrato, establecer deberes de comportamiento a lo largo de todo el trayecto del acuerdo, vedar la procedencia de determinadas cláusulas, o someterlo al control de la autoridad de aplicación. También supone la relación de consumo, en tanto esquema de contratación masiva, una ruptura con el carácter absoluto del principio de efecto relativo (“res inter alios acta”), desde que se imponen obligaciones y responsabilidades a cargo de los integrantes de la cadena de comercialización, sin necesidad de que estos sean parte del contrato. Las notas apuntadas autorizan a concluir que el régimen de protección del consumidor, al producir un quiebre con las tradicionales categorías del “voluntarismo” negocial, tiene el valor de “refundar” la idea misma de contrato y comporta un jalón ineludible en sus diversas etapas evolutivas, en consonancia con los  principios constitucionales que lo sustentan (p. 15).

Otros autores refieren que el orden público moral se convirtió en un orden público económico que obviamente limita la autonomía de la voluntad.

Alterini (2008) enseña

Desde siempre la autonomía de la voluntad ha estado subordinada a las normas imperativas de orden público, pues privatorum conventio jure púbico non derogat. Pero el concepto clásico de orden público a variado, pasando del orden público moral fundado en las buenas costumbres – de aplicación excepcional y cuya trasgresión genera la nulidad del acto- a la concepción  más moderna de orden público económico. El orden público económico procura imponer de manera positiva cierto contenido contractual tomando en cuenta el cambio de bienes y servicios en sí mismos, mediante una noción funcional, que es operativa sin carácter excepcionalidad, y que agrega a la sanción tradicional de nulidad la exigencia de obrar ciertas conductas impuestas legalmente procurando objetivos supraindividuales. En el perfil del orden público económico de dirección el Estado regula cuestiones como el estímulo selectivo de la producción, los regímenes arancelarios, los contrales de cambio, la regulación y el control de precios, las licencias previas de importación … (p. 5)

Los contratos de consumo presuponen la contratación en masa.

Esta contratación implica un sinfín de cuestiones que pueden ser calificadas de negativas para el consumidor, pues las condiciones de contratación están preestablecidas y este último se ubica en situación de desventaja.

Muchas veces las operaciones de compra se efectúan directamente a través de internet sin contacto alguno personal con el proveedor y prestador del servicio o sus dependientes.

Soro Russell (2007) enseña

Como veremos un poco más adelante, aunque el fenómeno de la contratación en masa puede manifestarse de muchas y distintas maneras, siempre suele tener un punto en común. Y es que la contratación por medio de formularios o de cláusulas establecidas limita considerablemente la autonomía, o más concretamente, el poder de negociación de una de las partes, que se encuentra en clara inferioridad económica con respecto a la parte predisponente del contrato, generalmente grandes empresas nacionales o multinacionales con gran poder de mercado. En efecto, en este tipo de situaciones será el empresario –o más usualmente, sus apoderados- quien disponga unilateralmente todo el contenido del contrato, y la otra parte verá notablemente reducidos sus derechos y aumentadas sus obligaciones contractuales. (p. 205).

Los contratos en masa llegaron para quedarse.

Dan respuesta a los tiempos actuales. La era del consumo los generó.

Suarez Guardado (2012) señala

La proliferación de la contratación en masa, el afianzamiento económico de un grupo de sujetos en la prestación de bienes y servicios, así como el desarrollo de las técnicas de la informática y las comunicaciones han conmocionado las bases conceptuales de la teoría general de los contratos como consecuencia de la estandarización, muchas veces impositiva de cláusulas contractuales […]  Aunque el dogma de la voluntad haya cedido terreno a las limitaciones basadas en el interés social, el orden público; a la intervención estatal en la contratación dadas las nuevas condiciones socioeconómicas; no puede abandonarse la idea de la libertad de contratación adaptada a los nuevos esquemas contractuales. Esto es, el contrato puede formarse con un contenido distinto al que las partes en otras circunstancias le hubieran dado, puede una de las partes encontrarse en una posición preponderante, pero en todo caso el contrato se ha formado, ha existido una voluntad contractual, un consentimiento, y de lo que se trata es de actuar a partir de ese momento conforme con las exigencias de la buena fe.

El consumo está en expansión, muchas veces las políticas estatales lo promueven como políticas de estado.

Sin duda debemos replantearnos las nuevas formas de contratación.

Suarez Guardado (2012) afirma

La teoría general del contrato y sus fundamentos esenciales son válidos en las condiciones actuales. El contrato no es sólo institución central en el ordenamiento jurídico, lo es también en la sociedad actual, continúa siendo el instrumento jurídico fundamental para la consecución de los fines económicos de los operadores del tráfico mercantil. Es necesario adaptar la concepción tradicional a las realidades actuales, con una interpretación de las normas legales y contractuales a tenor de los Principios Generales del Derecho de aplicación en la actualidad.

La autonomía de la voluntad  no se encuentra en crisis, si han cambiado las condiciones de contratación en lo que respecta a los contratos de consumo.

Suarez Guardado (2012) dice

Se considera para esta investigación que no existe en modo alguno crisis del contrato, como institución jurídica civil, sino que se debe partir del hecho que la evolución reclamada por las circunstancias actuales, fundamentalmente en el plano económico, ha conllevado a una crisis del contrato sólo en el orden conceptual, por cuanto la concepción tradicional se encontraba orientada desde el dogma de la autonomía de la voluntad y de la uniformidad conceptual.

CONCLUSIONES FINALES

El ejercicio de la autonomía de la voluntad nunca fue absoluto, existen limitaciones que provienen de la ley, de la moral y de las buenas costumbres.

En el ordenamiento jurídico ningún derecho se ejerce de forma absoluta, la autonomía de la voluntad no es la excepción.

Los elementos que nutren al contrato siguen siendo los mismos.

La autonomía de la voluntad es uno de esos elementos y esta vigente.

Si es cierto que la forma de contratación en la actualidad es otra.

Las condiciones de contratar han variado.

Tampoco cabe duda que el consumidor resulta ser la parte más débil de las relaciones de consumo.

Este, a la hora de pactar, no está en igualdad de condiciones.

Este panorama no afecta su autonomía de la voluntad.

El consumidor podrá acordar o no.

JUAN CRUZ EXPOSITO

Abogado

Bibliografía

Alterini, A. A. (2008). Los pilares del contrato moderno.  Buenos Aires: La Ley.

Garrido Cordobera, L. (2013).  Las bases constitucionales del derecho de los     contratos, Análisis crítico del alcance del principio de la autonomía de la voluntad: Limites. Córdoba: Academia Nacional de Córdoba. Recuperado de http://www.acaderc.org.ar

Gelli, M. A. (2008). Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada. Buenos Aires: La Ley.

Hernandez Fraga, K. y Guerra Cosme, D. (2012). El principio de la autonomía contractual civil. Sus límites y limitaciones.  Málaga: Revista Jurídica de Investigación educativa. Recuperado de http://www.eumed.net

Lorenzetti, R. L. y Schötz, G. J.  (2003). Defensa del Consumidor. Buenos Aires: Universidad Austral.   

Moisset de Espanés, L. y Tinti, G. P. (2003). Defensa del Consumidor. Buenos Aires: Universidad Austral.   

Soro Russel, O. (2007). El principio de la autonomía de la voluntad privada en la contratación génesis y contenido actual. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de       http://biblioteca.universia.net

Stiglitz, G. A. y Alvarez Larrondo, F. (2013). Derecho del Consumidor.  Buenos Aires: Hammurabi.

Suarez Guardado, G. (2012).  La protección de los derechos del consumidor de los servicios eléctricos en el Municipio de Palmira. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. Recuperado de http://caribeña.eumed.net/la-proteccion-de-los-derechos-del-consumidor-de-los-servicios-electricos-en-el-municipio-de-palmira/

Zentner, D. H. (2010) Bases constitucionales del Derecho Contractual. Buenos Aires. Revista Jurídica UCES. Recuperado de http:///www. space.uces.edu.ar

Fuentes de información

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Proyecto de reforma del Código Civil Argentino año 2012. Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar/wp-content/uploads/2013/11/8842012.pdf

[1] Recuperado de http:///www. space.uces.edu.ar

[2] Recuperado de http:///www. http://www.acaderc.org.ar/doctrina/las-bases-constitucionales-del-derecho-de-los-contratos.-analisis-critico-del-alcance-del-principio-de-la-autonomia-de-la-voluntad.-limites

[3] Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar

[4] Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar

[5]Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar/wp-content/uploads/2013/11/8842012.pdf

[6] Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar/wp-content/uploads/2013/11/8842012.pdf

[7] Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar

[8] Recuperado de http://www.protectora.org.ar/legislacion/iii-congreso-euroamericano-de-proteccion-juridica-de-los-consumidores-%E2%80%93-en-homenaje-al-prof-dr-roberto-lopez-cabana-%E2%80%93-desarrollado-en-la-facultad-de-derecho-de-la-universidad-naciona/3215/

[9] Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar

[10] Recuperado de http://www.infoleg.gov.ar