La Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Río Gallegos denuncia la inconstitucionalidad e ilegalidad del proyecto de ley de organización de la Fiscalía de Estado impulsado por el Dr. Alexis Quintana y que cuenta hoy con despacho favorable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Pcia. de Santa Cruz, y que intentaría ser aprobado en la próxima sesión legislativa.

Las modificaciones que se pretenden introducir constituirán una seria limitación a la actuación del próximo gobierno constitucional, un recargo en las finanzas públicas, y significa un intento de preservar el ejercicio de la función política más allá de la vigencia del mandato del Poder Ejecutivo, estableciendo cargos inamovibles para los actuales integrantes de fiscalía, con incrementos salariales incluidos (anudándolos a los salarios de los Jueces) y otorga facultades extraordinarias a cargo de dicho cuerpo destinadas a condicionar fuertemente el actuar de los próximos gobiernos. Se trata de incorporar modificaciones a la actual ley en un momento de transición política, otorgando carácter inamovible a los cargos de un órgano netamente político y cuya composición fue modificada invariablemente por cada gobierno,

Destacamos como los aspectos más cuestionables del Proyecto:

  • El art. 125 de la Constitución Provincial, establece que el mandato del Fiscal de Estado es inamovible y finaliza cuando finaliza el mandato del Gobernador que lo designó. El Proyecto de ley, sólo establece que el cargo es inamovible.
  • El Proyecto de ley crea la figura del “Fiscal Adjunto”, quien también poseerá un cargo “Inamovible”. Aquí, no habrá limitación, y su cargo se extenderá más allá del mandato del Sr. Gobernador.
  • Otorga inamovilidad y estabilidad absoluta a funcionarios designados políticamente por este Gobierno. En concreto, genera un mínimo de ocho cargos inamovibles con el que quedará integrado el “Cuerpo de Abogados del Estado” quedando ocupados los mismos por los letrados que hoy se desempeñan en fiscalía de estado; quienes fueran designados con criterios de selección políticos. Es decir, no solo se les otorga la estabilidad del empleado público, sino que se les establece su “inamovilidad en la función”, privilegio que no se compadece con el modo de ingreso que tuvieron a la administración pública. Además, queda atado su nivel salarial al salario de los jueces. No son cargos electivos, ni por concurso, ni con intervención de los restantes poderes del Estado, sino que a tales cargos se accede por decisión exclusiva del Sr. Fiscal de Estado y, todos los que sean designados desde ahora en adelante, adquirirán dicho carácter. Los nombramientos de carácter político, surgidos por la sola voluntad del funcionario de turno y por la filiación y raíz política de los funcionarios, debe caducar al finalizar el mandato de la autoridad que los designe.
  • Mediante dicho proyecto, se vulneran principios básicos del derecho, en perjuicio del propio Estado Santacruceño y de la Constitución Provincial, otorgando derechos a un grupo particular de funcionarios con criterios de militancia política, en desmedro de un importante número de letrados y empleados provinciales que ejercen sus funciones en distintas asesorías de la administración pública provincial, desconociéndose su formación y experiencia, y el principio de idoneidad para el acceso a los cargos públicos.
  • La idoneidad como principio para el acceso a los cargos públicos, es sustituida por la filiación y dependencia político partidaria;
    Instamos a la legislatura Provincial a que no apruebe este proyecto de ley.

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