El instituto del Derecho Laboral de la Asociación de Abogados de Rio Gallegos, manifiesta su profunda preocupación ante la violación de derechos fundamentales de los trabajadores en la Provincia de Santa Cruz.

El incumplimiento en tiempo y forma de la obligación del pago de haberes por parte del Estado Provincial, en su carácter de empleador, violenta de modo directo el derecho de los trabajadores a la retribución justa y a gozar de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis CN) y en particular a una remuneración equitativa y satisfactoria que le proporcione condiciones dignas de existencia para el trabajador y su familia (art. 7 inc. a. del PIDESC y art. 23.3 DUDH).-

Hoy no se garantiza en nuestra provincia una premisa basal de un estado de derecho, como es que todo quien trabaja tiene derecho a percibir una remuneración. Los retrasos graves y reiterados en el pago de los salarios de los trabajadores estatales – que en algunos casos supera el mes – , la falta de fecha cierta de cobro y la arbitrariedad en la forma de distribución de los pagos;  sumado al no pago de la totalidad de los haberes que sufren algunos sectores, atentan en forma directa contra la dignidad humana de la persona trabajadora y vulneran el art. 10 de la Constitución Provincial que prohíbe toda forma de explotación de las personas.-

A esta situación de vulnerabilidad inicial del trabajador estatal, que se proyecta inevitablemente a su grupo familiar, se le adiciona el abandono por parte del Estado en la prestación de los servicios públicos a su cargo.-

Es el Gobierno Provincial quien tiene el deber constitucional de velar por el bienestar de toda la población y de cumplir con el deber impuesto por la carta magna provincial  (art. 8) de garantizar los derechos consagrados por la Constitución Provincial , la Constitución Nacional y los derechos implícitos que se derivan de la dignidad del hombre y de la justicia social. Principio éste último que encierra la obligación de asegurar a la población el acceso efectivo a los servicios de salud, educación y justicia, tres condiciones indispensables para el debido funcionamiento de un Estado Provincial que hoy no se encuentran garantizadas;   colocándose de esta manera a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentran los trabajadores que hoy no perciben sus haberes, en un estado de total desprotección.

Deviene necesario recordar en este contexto de crisis económica y social en que nos encontramos el criterio rector fijado por nuestro máximo tribunal de justicia nacional, quien al analizar qué capas de la sociedad deben soportar el costo de la crisis económica ha indicado en tal sentido que “no puede ser que ese peso recaiga en última instancia en las familias trabajadoras [..].” … El goce de los derechos humanos es un pre requisito” del desarrollo económico … “ (CSJN, Fallo ATE C/SALTA 18-6-13).-

También debemos hacer un llamado a la reflexión en relación a las reiteradas violaciones al ejercicio de la Libertad Sindical (derecho humano fundamental  conforme lo reconoce el art. 23.4 de la DUDH, art. 22 de la DADDH,  art. 8. a del PIDESC, entre otros) que se verifican en el ámbito provincial.-

En primer lugar entendemos que la suspensión unilateral del llamado a paritarias por parte del Estado Provincial  encierra en sí mismo un desconocimiento a uno de los mecanismos básicos del ejercicio de la libertad sindical y de la convivencia democrática de los dos sectores que constituyen el motor productivo de una provincia: trabajador – empleador. Se resalta además en este caso la especial vulneración de sus derechos que parecen los trabajadores estatales, pues la autoridad laboral que actúa y que debe velar porque ello no ocurra no es un órgano imparcial (pues es una dependencia administrativa de su propio empleador),  vulnerándose de esta manera el Convenio 151 OIT al no garantizarse procedimientos independientes e imparciales de resolución de conflictos laborales.-

A ello debe agregarse el no pago a las entidades sindicales de las cuotas retenidas a sus afiliados, condicionando de esta manera todo el actuar de dichos organismos e impidiendo que estos cumplan con su objetivo, que es la defensa de los trabajadores.-

Estos mecanismos implementados desde el Estado Provincial atentatorios de la Libertad Sindical también transgreden la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales que gozan de jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc 22 CN (el denominado bloque de constitucionalidad), como asimismo violan los Convenios de la OIT 87, 98, 151, 154 y cctes., que son normativa vigente en nuestro país.

Por todo lo expuesto, exhortamos a los Poderes del Estado Provincial a que den cabal cumplimiento a la Constitución, tanto Provincial como Nacional, a los Tratados Internacionales y a los principios que de ellos emanan, garantizando la plena  efectividad de los derechos humanos de los trabajadores santacruceños.-