peritoLey 3.276 (Pcia. de Santa Cruz)
LEY 3.276 (Pcia. de Santa Cruz)
Río Gallegos, 26 de junio de 2012
B.O.: 12/7/12 (Sta. Cruz)
Vigencia: 17/7/12

Provincia de Santa Cruz. Auxiliares de la Justicia. Marco regulatorio de la actuación del perito judicial.

Marco regulatorio de la actuación del perito judicial, para los profesionales en Ciencias Económicas, ingenieros, arquitectos, médicos y profesionales de cualquier rama de la Ciencia que fueran convocados para la actuación en los estrados judiciales

CAPITULO I – Principios generales honorarios profesionales

Art. 1 – Los honorarios de los profesionales auxiliares de la Justicia que actúan como peritos, tasadores, interventores, veedores, recaudadores, liquidadores, administradores, peritos partidores y liquidadores de averías se regularán de acuerdo con las disposiciones de esta ley, las que revestirán el carácter de orden público. La actividad de los profesionales que actúen en la Justicia en los términos de la Ley 1 (t.o. 1.600) (*), o la que en el futuro la reemplace, es de carácter oneroso. El honorario reviste carácter alimentario y por ello es personalísimo. El honorario mínimo previsto por esta ley reviste el carácter de honorario de subsistencia.

(*) La Editorial entiende que se trata de la Ley 1, que fue derogada por Ley 1.600, art. 141.

Obligatoriedad. Irrenunciabilidad

Art. 2 – Los honorarios mínimos de subsistencia establecidos por esta ley son obligatorios. Ninguna regulación de honorarios podrá ser inferior a ellos, bajo pena de nulidad. Los peritos, estén o no en relación de dependencia, no podrán renunciar anticipadamente a los honorarios que le correspondieran según esta ley. Todo pacto en contrario será nulo, con excepción de los peritos que se desempeñen en cargos públicos y conforme su especialidad.

Honorarios de síndicos – supletoriedad

Art. 3 – Las retribuciones vinculadas a los síndicos, en las actuaciones concursales, serán reguladas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Concursos y Quiebras. No obstante, supletoriamente serán de aplicación las contenidas en el presente título.

Pautas regulatorias

Art. 4 – Para regular los honorarios se merituará la importancia de las tareas desarrolladas por el auxiliar de la Justicia, en consideración de los acápites que se desarrollan sin perjuicio de otras que se adecuaren mejor a las circunstancias particulares de los asuntos o procesos:

1. El monto del asunto o proceso, si fuere susceptible de apreciación pecuniaria.

2. La naturaleza y complejidad del asunto sometido a pericia.

3. El resultado que se hubiere obtenido.

4. El mérito de la labor profesional, apreciada por la calidad, eficacia y extensión del trabajo.

5. La actuación profesional con respecto a la aplicación del principio de celeridad procesal.

6. La trascendencia jurídica, moral y económica que tuviere el trabajo realizado o la actuación del perito para casos futuros, para el cliente y para la situación económica de las partes.

Conclusión anormal del proceso

Art. 5 – Cuando con posterioridad a la aceptación del cargo el proceso finalice sin sentencia, el honorario del perito se regulará aplicando las siguientes pautas:

a) Si se hubiese presentado la pericia, se procederá según lo determinado por el art. 4 de la presente ley.

b) Si sólo se hubiese aceptado el cargo y no se hubiese presentado la pericia, por causas no imputables al perito, se aplicará un honorario mínimo equivalente al monto establecido por el Tribunal Superior de Justicia en concepto de tasa mínima por actuación judicial.

c) En los casos de transacción o conciliación, habiéndose presentado la pericia, se procederá según lo determinado por el art. 4 de la presente ley.

d) En caso de extravío o pérdida del expediente por causa no imputable al perito, éste estará facultado a exigir la regulación de sus honorarios en los términos del art. 4, acompañando solamente la documental que tuviera en su poder con el correspondiente cargo por parte del Juzgado interviniente.

Protección del honorario prelación de cobro

Art. 6 – Los jueces no podrán dar por terminado ningún juicio, disponer del archivo de un expediente, aprobar transacción o conciliación, admitir desistimiento, subrogación o cesión, ordenar el levantamiento de medidas cautelares, ordenar la entrega de fondos o valores depositados, devolver exhortos u oficios entre jueces o Tribunales de distinta jurisdicción, ni expedir copia certificada del trabajo profesional, sin previa citación de los peritos cuyos honorarios no resulten del expediente que han sido satisfechos, salvo cuando mediare conformidad escrita de éstos, o la constitución de fianza de pago con garantía suficiente en favor del perito por parte del interesado. La citación deberá notificarse personalmente o por cédula, en el domicilio que a tal efecto deberá constituir el perito en el acto de aceptar el cargo. Cuando la actuación del auxiliar de la Justicia haya ocurrido en relación a causas de extraña jurisdicción, como consecuencia de oficios y/o exhortos, una vez regulados los honorarios correspondientes, los jueces y/o Tribunales no dispondrán su devolución al Juzgado y/o Tribunal de origen ni expedirán copia certificada del trabajo profesional hasta tanto no se acredite fehacientemente el pago de los mismos. En ningún caso el honorario podrá ser inferior al mínimo previsto en el art. 15 de la presente.

Recursos sobre la regulación

Art. 7 – Los recursos en contra de las regulaciones de honorarios y sus formas serán los que se encuentran establecidos en el art. 245 del Código Procesal, Civil y Comercial.

Beneficio de litigar sin gastos

Art. 8 – En aquellos casos en que las costas sean impuestas al beneficiado para litigar sin gastos, los peritos podrán reclamar la totalidad de sus gastos, honorarios, o la constitución de garantías, a la parte contraria a la que resultare la beneficiaria, o a la no condenada en costas, independientemente del derecho que ésta tenga de repetir contra la obligada al pago.

Excepciones al pago de las costas

Art. 9 – En aquellos procesos en que por disposiciones particulares atinentes a la calidad del Fuero alguna de las partes estuviere exceptuada del pago de costas a su cargo, y gastos, o de otro tipo de emolumentos, o en aquellos en que las costas sean impuestas a la parte actora, los peritos podrán reclamar la totalidad de sus gastos, honorarios, o constitución de garantías a la parte, no exceptuada o a la no condenada en costas, independientemente del derecho que ésta tenga de repetir contra la obligada al pago.

Asistencia jurídica gratuita

Art. 10 – Los Consejos Profesionales deberán asistir a sus colegiados de patrocinio letrado gratuito para ejecutar los honorarios.

Depósito previo o garantía

Art. 11 – A los efectos de garantizar el cobro de un honorario de subsistencia, la parte o cada una de ellas, que hayan solicitado la prueba pericial y a su opción, deberán depositar en la cuenta de Autos el cincuenta por ciento (50%) del monto mínimo establecido en el art. 15 o constituir garantía suficiente a satisfacción del Tribunal o juez interviniente por el ciento por ciento (100%) del monto mínimo mencionado. Optando las partes por realizar el depósito en dinero en efectivo, éste permanecerá en depósito hasta tanto quede consentido el informe por las partes, en cuyo caso se liberará la disponibilidad de fondos a favor del profesional.

Oportunidad del depósito previo

Art. 12 – El juez, en el Auto de apertura a prueba, deberá intimar a la parte que solicitó la prueba pericial a depositar el importe indicado en el art. 15, bajo apercibimiento de tener por desistida la prueba pericial encomendada.

Respeto profesional

Art. 13 – En el desempeño de su actuación como auxiliares de la Justicia debe interpretarse que los profesionales actuantes no son parte del proceso, sino una extensión misma de las capacidades del juez y, por ello, conformantes del propio sistema de Justicia, siendo por ello asimilados a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que deben guardárseles.

CAPITULO II – Aranceles

Tabla de aranceles aplicable

Art. 14 – El monto de los honorarios a regular, conforme la valoración de la tarea del auxiliar de la Justicia realizada en virtud del art. 4, sea en juicios ordinarios, ejecutivos, especiales, sumarios o universales, en cualquier Fuero o jurisdicción, se determinará conforme con un porcentaje del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%) del monto correspondiente a la mayor regulación del abogado practicada en la instancia en que se hubiere hecho la pericia.

Honorario mínimo

Art. 15 – En ningún caso el honorario por la tarea realizada podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil. El monto mínimo de honorarios se considerará a cuenta del honorario definitivo que resulte de la regulación que se practique a la finalización del proceso.

Honorarios regulados. Plazo para el depósito

Art. 16 – Los honorarios regulados deberán ser depositados dentro del quinto día de quedar firme el Auto que los regule.

Imposibilidad de producción del informe no imputable al perito

Art. 17 – Cuando el perito no pudiera presentar el informe pericial, por no haber sido puestos a su disposición los elementos a compulsar, se le regulará un honorario no inferior al mínimo contemplado en el art. 15.

CAPITULO III – Solidaridad

Solidaridad entre las partes y condenados en costas

Art. 18 – La obligación de pago de la totalidad de los honorarios de los peritos, así como de la totalidad de los gastos incurridos, operará solidariamente sobre todos los condenados en costas u obligados al pago, de acuerdo con lo establecido en el art. 705 del Código Civil, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 456 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Cruz.

CAPITULO IV – Otros desempeños profesionales

Administrador judicial

Art. 19 – Si el profesional actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso o universal, en principio serán aplicadas las pautas del art. 4, inc. 1, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. En circunstancias especiales cuando el honorario resultante fuere un monto excesivamente elevado o reducido, podrá aplicarse el criterio de tener en cuenta, total o parcialmente, además de las pautas del art. 4 el valor del caudal administrado o ingresos producidos y el lapso de actuación.

Interventor veedor

Art. 20 – Cuando los profesionales sean designados en juicios para actuar como interventores veedores, sus honorarios serán regulados en una escala equivalente del dos y medio por ciento (2,5%) al cinco por ciento (5%) de lo que resulte de la aplicación del artículo precedente.

Interventor recaudador

Art. 21 – Cuando los profesionales sean designados en juicios para actuar como interventores recaudadores, sus honorarios serán regulados en una escala del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%), calculados sobre la recaudación efectuada. En las actividades regladas en este artículo cuando fuera el caso, y cuando éstas merezcan una dedicación diaria del profesional o impliquen un gasto diario y necesario, de monto fijo y carácter permanente, el auxiliar de Justicia podrá solicitar que se le fije un monto retributivo de estos desembolsos, el que será deducido de la recaudación diaria de la actividad objeto de su tarea.

Liquidador judicial

Art. 22 – Las funciones de liquidadores judiciales para los mismos casos que los citados para los administradores, serán remuneradas en una escala del cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%), aplicada sobre el monto de los bienes liquidados.

Perito liquidador de averías y siniestros

Art. 23 – El honorario de todo profesional derivado de la actuación como perito liquidador de averías y siniestros será regulado de igual manera que para los peritos designados de oficio.

Perito partidor en juicios sucesorios

Art. 24 – El honorario de todo profesional derivado de la actuación como perito partidor en juicios sucesorios para realizar y suscribir las cuentas particionarias juntamente con el letrado que intervenga, será regulado en una escala del dos por ciento (2%) al tres por ciento (3%) del valor de los bienes objeto de la partición.

CAPITULO V – Disposiciones supletorias

Art. 25 – Las cuestiones derivadas de actuaciones judiciales que no se encuentren expresamente regladas serán resueltas por aplicación de principios análogos de las materias afines de esta ley y cuando ello no fuere posible, por extensión de las disposiciones de la ley de aranceles vigentes para abogados y procuradores y los códigos y normativas procesales en cada uno de los Fueros judiciales.

Art. 26 – Deróguese toda norma que se oponga a la presente ley.

Art. 27 – De forma.