Río Gallegos, 19 de mayo de 2.015

Al Excmo. Tribunal Superior de Justicia

de la Provincia de Santa Cruz

S                     /                   D

Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión Directiva y autoridades de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, nos dirigimos a V.E. a fin de manifestar nuestra preocupación por la falta de respuesta a los pedidos formulados por intermedio de nuestra Presidencia mediante notas 25/14 de diciembre del año 2.014, 001/15 de febrero de 2.015 y 027/15 de mayo de 2.015 en las que requeríamos que se tenga a bien recibir a tres integrantes de la Asociación en reunión con el Excmo. Tribunal, a fin de plantear y dar tratamiento a diversas problemáticas que hacen a nuestro desempeño profesional y que allí se detallaban, reiterando los pedidos formulados.

Manifestamos también nuestra preocupación por la falta de respuesta a los pedidos formulados en notas de fecha 9 de abril del corriente (nros. 007/15 y 008/15). Mediante nota 007/15 se solicitó la actualización del valor IUS de conformidad al art. 12 de la Ley 3.330 y mediante nota 008/15 se solicitó que tuvieran a bien informar los mecanismos implementados para el sorteo de conjueces en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 inc. g de la Ley 1, así como del lugar, fecha y hora de realización del sorteo; requiriendo se permita a integrantes de esta Asociación asistir a dicho acto. Reiteramos tales requerimientos.

Además de lo anterior, solicitamos a V.E. tenga a bien informarnos la fecha de la última inspección realizada en los Juzgados de Instrucción de Río Gallegos, y qué autoridad entiende competente para realizar las mismas; ello, en función de diversos planteos efectuados por los asociados vinculados a moras e inconvenientes suscitados en la tramitación de las causas ante tales Juzgados; resaltando la necesidad de articular los mecanismos de control establecidos exhortando a V.E. como cabeza del Poder Judicial de la Provincia a garantizar dicho control.

Por otro lado, hacemos saber nuestra preocupación y disconformidad por el mantenimiento de la suspensión de la vigencia del art. 37 de la Ley 1, dispuesta por la Resolución del T.S.J.S.C. TOMO CCXVI, Registro 87, Folio 121/122, entendiendo que no existen las condiciones de emergencia y excepcionalidad que habiliten la modificación de la ley vigente por parte del Tribunal, lo que resulta violatorio del principio de legalidad, con afectación directa al principio del Juez Natural (art. 18 CN), correspondiendo que se deje sin efecto todas las normativas de rango inferior a las leyes que excepcionen y suspendan la vigencia parcial del art. 37 de la Ley 1.

De conformidad al artículo 104 de la Constitución Provincial, es el Poder Legislativo quien posee competencias para dictar las leyes orgánicas del Poder Judicial. Si bien la facultad reglamentaria de las leyes pudiera considerarse comprendida en el ejercicio de las facultades de Superintendencia conferida al Tribunal Superior de Justicia, dicha facultad no puede en ningún caso ejercerse de modo tal que implique la suspensión parcial de la ley. En este sentido, tanto con la Resolución de fecha 31 de marzo de 2.014 como la de fecha 8 de mayo de 2.015, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido parcialmente la vigencia del artículo 37 inc. 1 de la Ley 1, sin que concurra una situación de emergencia ni de extrema necesidad que justifique -ante la sola fuerza de los hechos- la integración de la Cámara Civil prescindiendo del orden de subrogancia establecido por el legislador; afectándose con ello el principio de legalidad y de Juez Natural, pues solo la imposibilidad fáctica o la gravedad extrema -y suficientemente fundada- podrían habilitar al Tribunal Superior de Justicia a suspender la vigencia de una ley.

El fundamento invocado por el TSJ para suspender el inc. 1 del art. 37 de la Ley 1, en ambas Resoluciones es que la Cámara Criminal se encuentra con un cargo vacante. Entendemos que ello no resulta fundamento suficiente, sino que debe acreditar un peligro o daño real, particular, individual y concreto, y no solo una mera eventualidad que no se corresponde con la realidad de los hechos, pues es reconocido (implícitamente) por el Tribunal Superior de Justicia que la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial no presenta retraso, mora o dificultad en el cumplimiento de sus funciones.

Respecto a la Secretaria de Cámara excepcionada, la sola mención de la mayor antigüedad en el cargo de una de ellas, es inhábil para el ejercicio de una función constitucionalmente asignada a la Legislatura Provincial.

Solicitamos por lo expuesto, que se dé estricto cumplimiento al orden de subrogancias establecido por el artículo 37 de la ley 1, respetándose el principio del Juez Natural.

Entendemos igualmente que la situación en torno a la licencia que desde hace ya varios años usufructúa el Dr. Luis Esteban Cancelo como integrante de la Cámara Civil, requiere un urgente tratamiento y Resolución, en tanto provoca un negativo impacto en la actuación de Cámara la indefinición de esta situación. Solicitamos por ello se nos informe sobre las medidas realizadas por el Tribunal sobre el particular.

En último término, manifestamos nuestra formal Queja por la falta de integración de la Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial desde el 18 de diciembre de 2.014 y hasta la fecha, en la totalidad de expedientes elevados en grado de apelación y que tramitaran en el Juzgado Civil Nro. 1, y en los restantes expedientes elevados en grado de apelación de los diversos Juzgados de primera instancia bajo su jurisdicción y que no fueran integrados hasta la asunción como vocal del Dr. Carlos Enrique Arenillas. La normativa que estableció excepciones al orden de integración en ningún caso debió implicar la paralización de las causas en trámite, pues no fue relevada la Presidencia de la Cámara de la obligación de determinar en cada proceso en trámite el orden de subrogancia (el que estimara vigente) y de convocar a quienes debían subrogar, extremo que causó un grave perjuicio al servicio de administración de justicia, a los letrados y a los justiciables.

Sin más que agregar, saludamos a V.E. muy atentamente.

Fdo: Dres. Javier Steossel, Evaristo Ruiz, Nora Galindo, María Cristina Riera, Bernardino Zaffrani, Roxana Reyes, Patricia Petris, Diana Huerga Cuervo y Pablo Kairuz

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