Con fecha 9 de marzo de 2018, ante la presentación realizada por la AARG, la Junta de Gobierno de la de la FACA emitió la resolución que seguidamente se transcribe:

VISTO:

La presentación efectuada por la Asociación de Abogados de Río Gallegos,
relativa a los concursos discriminatorios para acceder al Poder Judicial y el
funcionamiento del Poder Judicial;

Y CONSIDERANDO:

Que el art. 13 de la Ley Provincial 2.552 Ley del Consejo de la Magistratura en su
parte pertinente, establece: “ARTICULO 13.- Requisitos. Para ser postulante se
exigirán los requisitos exigidos en la ley orgánica de la Justicia, para el cargo que
se postula, el ser natural de la provincia o tener cuatro (4) años de residencia
efectiva y continua en ella u ocho (8) años alternada.

Que el art. 13 de la Ley 2552 conculca en forma directa y palmaria el art. 127 de
la Constitución Provincial y el art. 50 de la Ley 1 agregando un requisito que
podemos definirlo como de residencia, que excede claramente el marco legal de
un aspirante a ocupar la magistratura en la Provincia de Santa Cruz.-

Que la restricción existente en la norma tachada de inconstitucionalidad
evidencia un ejercicio carente de razonabilidad de la facultad normativa tendiente
a establecer y reglamentar los requisitos para acceder a la magistratura, violando
los artículos la Carta Magna, en tanto ignora el derecho de las personas a
acceder en condiciones de igualdad a los puestos en concurso. Por ello la norma
es irrazonable e inconstitucional.

Que el principio de igualdad ante la ley, que consagra el artículo 16 de la
Constitución Nacional, no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan
excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en
iguales circunstancias. Si bien el principio aludido no tiene carácter absoluto, las
excepciones o trato diferencial lo son para situaciones diferenciables, y no para
marcar la desigualdad entre los iguales.

Que la propia Constitución Provincial que establece como principio General en el
Art. 32 que es la idoneidad la única condición para el desempeño de cargos y
empleos públicos.

Que afecta el principio de igualdad el art. 13 de la Ley 2552, al establecer un
régimen claramente discriminatorio, el cual privilegia los años de residencia en un
territorio provincial por sobre el principio de la idoneidad, en tanto imposibilita lisa
y llanamente la postulación si no se posee dicho requisito.-

Que por lo tanto se advierte que dicha norma, en cuanto imposibilita la
postulación para acceder a las magistraturas inferiores a abogados que no sean
nativos de Santa Cruz o que posean 4 años de residencia continua u 8 años
alternada, es una norma discriminatoria y contraria a los principios y garantías
constitucionales.

Que sumado a ello se verifican serias limitaciones para el inicio y sustanciación
de los procesos de remoción ante el mal desempeño de los magistrados.

Que en primer lugar debe resaltarse que el art. 16 de la Ley Provincial Nº28 que
reglamenta el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento establece serias
sanciones ante denuncias consideradas manifiestamente arbitrarias o maliciosas,
para las partes y sus letrados, que comprenden no solo multas sino hasta el
arresto, lo cual vulnera el libre ejercicio de la profesión y del derecho de los
ciudadanos a controlar el desempeño de los magistrados;

Que el art. 129 de la Constitución Provincial establece que los magistrados de los
tribunales inferiores y funcionarios de los ministerios públicos podrán ser
acusados por cualquier habitante ante un Tribunal de Enjuiciamiento formado por  un miembro del Tribunal Superior, un Diputado Letrado, si lo hubiere, y un letrado
del Foro Provincial elegido por sorteo efectuado por el Tribunal Superior.

Que la Ley 28 incorpora un procedimiento previo de admisibilidad en cabeza del
propio Tribunal Superior de Justicia provincial, desvirtuando las facultades del
Tribunal de Enjuiciamiento establecido en el art 129 de la Constitución Provincial,
y cercenando las atribuciones constitucionales otorgadas a los restantes
estamentos que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento, entre los que se
encuentra el estamento de los abogados.

Por todo lo expuesto, LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
FEDERACION ARGENTINA DE COLEGIOS DE ABOGADOS RESUELVE:

1º) Acompañar la postura de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, en la
inteligencia de que el art. 13 de la ley 2552, en cuanto imposibilita la postulación
para acceder a las magistraturas inferiores a los abogados que no sean nativos
de Santa Cruz o que posean 4 años de residencia continuas u 8 años alternada,
es una norma discriminatoria y contraria a los principios y garantías
constitucionales, exhortando a las autoridades públicas pertinentes a su
modificación.-

2º) Acompañar la postura de la Asociación de Abogados de Río Gallegos, en
cuanto a rechazar las sanciones previstas en el art. 16 de la Ley 28 para las
partes y los letrados que patrocinen denuncias para la iniciación de procesos de
remoción de magistrados, por ser violatorias del libre ejercicio de la profesión y
del derecho de los ciudadanos a controlar el desempeño de los magistrados;
como asimismo en contra del cercenamiento de las facultades constitucionales
que poseen los representantes de los abogados en el Tribunal de Enjuiciamiento
en atención al proceso de admisibilidad previo establecido por los arts. 15, 16 y
cctes. de la Ley 28 en cabeza del propio Tribunal Superior de Justicia; exhortando
a las autoridades públicas pertinentes a su modificación.-

3º) Remítase copia al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz,
al Consejo de la Magistratura Provincial, a la legislatura de la provincia de Santa
Cruz, y a los Colegios Federados para su conocimiento.-

4º) Dése a publicidad por todos los medios que correspondan.-

Buenos Aires, 09 de marzo de 2018.

La presente fue notificada mediante Notas N° 001, 002, 003/18 al Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Magistratura y Honorable Cámara de Diputados respectivamente.

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