El Poder Judicial, encabezado por el Tribunal Superior de Justicia, no garantiza a los habitantes de Santa Cruz el derecho constitucional de tutela judicial efectiva: por la falta de independencia de sus jueces, por la ausencia de mecanismos serios y transparentes para la designación de sus integrantes, por los mecanismos políticos de selección de sus Fiscales, por el silencio e inactividad de sus Magistrados ante las denuncias de corrupción, por su incapacidad para dar solución al conflicto con sus trabajadores permaneciendo los tribunales cerrados gran parte del año, porque no garantiza la infraestructura para demandas básicas mientras mantiene sectores privilegiados para favorecer a unos pocos funcionarios, porque mantiene un gran número de magistraturas vacantes subrogadas inconstitucionalmente; todo ello protegido por la anulación del Jurado de Enjuiciamiento de magistrados que impide avanzar cualquier denuncia por su deficitario o irregular funcionamiento.

Los magistrados a quienes se les confía el control del poder político son, en su mayoría, amigos, ex-socios políticos y hasta familiares de este Gobierno; y por ello son elegidos, y en sus manos e interés queda la resolución de la suerte de los derechos civiles, laborales, familiares y hasta la libertad de las personas y la tutela de las víctimas de los delitos, debiendo el ciudadano aguardar interminables años para la definición de sus conflictos o intereses, para al final del camino recibir una decisión por parte de quienes se despreocupan del real y genuino interés del justiciable y de la alta función que la Constitución les confiere.

Convocamos a los ciudadanos de Río Gallegos al acto simbólico a realizarse el próximo Jueves 12 de abril a las 18 horas frente al Tribunal Superior de Justicia (Chacabuco esq. Kirchner), invitando a la reflexión sobre el estado del servicio de Justicia en la Provincia de Santa Cruz, y el impacto que ello provoca en cada una de las personas que debe transitar los estrados judiciales y en la sociedad toda.