Una Justicia sin control.
Hacemos saber a la comunidad santacruceña nuestra preocupación por la grave decisión del Tribunal Superior de Justicia de constituir el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados de manera ilegal, perjudicando un esencial órgano de control republicano sobre el desempeño de los Jueces.

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados es el órgano que debe Juzgar a los Jueces por mal desempeño. Este Tribunal se integra por un Diputado letrado, un integrante del Tribunal Superior de Justicia y por un abogado del Foro, el que debe ser sorteado anualmente por el Tribunal Superior.

La Asociación de Abogados ha solicitado reiteradamente la realización del sorteo con presencia de los letrados para garantizar la transparencia. El plazo para realizar el sorteo y designación venció el 31/5/16, sin recibir respuesta alguna. Por el contrario, en reunión mantenida en pleno con diputados provinciales el Tribunal Superior informó que no procedería al sorteo y simplemente prorrogaría la designación del año anterior; ello, dicho en el marco de la falta de respuesta al pedido de destitución de la Juez titular del Juzgado de Instrucción de Río Turbio, Dra. Bustos, paralizado desde hace 9 meses. Esta decisión fue instrumentada mediante Resolución del día 30 de mayo de 2.016 comunicada el 1º de junio.

De esta manera se elude el procedimiento legal y constitucionalmente previsto para integrar el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, lo que genera la ilegalidad del órgano y de toda actuación que cumpla el mismo.

Esto no es un hecho aislado. Similar proceder llevó a cabo el Tribunal Superior con la elección de los conjueces abogados del foro en el mes de diciembre de 2.015, donde luego de reiterados e insistentes pedidos para presenciar el acto y conocer el procedimiento, se comunicó que no se realizaría y que prorrogaba la designación del año anterior.

Este proceder no es casual: luego de más de 20 años de designación de conjueces y miembros del Tribunal de Enjuiciamiento anunciados mediante sorteo, cuando se requiere conocer sus reglas y presenciar el acto como garantía de transparencia, el Tribunal Superior, como respuesta, suspende los mismos y no los realiza.

Este accionar constituye una manipulación inaceptable que genera la ilegalidad de la constitución del Tribunal de Enjuiciamiento y de las decisiones que adopte, lo que significa un nuevo acto que afecta la transparencia, independencia e imparcialidad del Poder Judicial de Santa Cruz.

Comisión Directiva – Asociación de Abogados de Río Gallegos.

Ver texto de Ley Nº 28

Descargar (PDF, 1.04MB)